Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estuvieron atrapados por bloqueos para presionar la elección del reemplazo del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el pasado jueves, no han sido los únicos que han quedado en medio de la tensión institucional. También la búsqueda de respuestas sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 está en el centro del prolongado choque entre la Fiscalía y la Casa de Nariño.
El organismo investigador, que estará hasta este 12 de febrero bajo el mando de Barbosa —cercano al expresidente de derecha y antecesor de Petro, Iván Duque, quien lo ternó para el cargo y fue su antiguo compañero de universidad— adelanta un juicio contra Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Petro hijo, exdiputado del departamento del Atlántico y pieza clave en la estrategia electoral de su padre en el Caribe, declaró el año pasado que la campaña recibió dinero de forma ilegal, que una parte provenía de un exnarcotraficante y que hubo cantidades no declaradas. Aunque inicialmente había asegurado que, junto a su exesposa Daysuris Vásquez, se apropió del dinero a espaldas del candidato, cambió su versión en un giro del que se desprende en buena medida la confrontación entre su padre y el saliente fiscal.
