Se propone reconsiderar el enfoque de género en los procesos penales y avanzar hacia un ‘enfoque de pobreza’.
El concepto de “enfoque de género” no es nuevo y se ha consolidado en el ordenamiento jurídico nacional como un principio rector en diversas especialidades del Derecho. Su aplicación no se limita a casos aislados, sino que se ha convertido en un criterio determinante en la resolución de acciones de tutela y fallos de la justicia civil y penal.
Según la Corte Suprema de Justicia (Sent. SL926-2022), el enfoque de género es un dispositivo procesal que busca “flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas cuando estas últimas resulten insuficientes”. Este principio impone a los operadores judiciales la obligación de restablecer un desequilibrio histórico que ha resultado en la marginación y el maltrato de las mujeres. En consecuencia, el sistema judicial actual parece asumir que debe compensar estas injusticias pasadas con decisiones que favorezcan a las víctimas femeninas…
